El G20 y la extranjerización total del Atlántico Sur (Dr. Cesar Lerena)

La declaración final del G20 nos anuncia acuerdos pesqueros con Rusia y China. Acuerdos donde nuevamente la pesca es en la Argentina «la moneda de cambio» para pertenecer al mundo. La captura en aguas argentinas de pesqueros rusos y chinos, y la la ilegalidad de la extranjerización del mar.

Las ideologías mutaron y el imperialismo norteamericano sostiene el proteccionismo y, el primer imperialismo comunista el libre mercado, aunque, claro está, de invertirse sus balanzas comerciales y sus relaciones económicas con el mundo, es muy probable que estas políticas rápidamente se reviertan: no son las ideologías las que están en juego, sino la economía.

En medio de ello el multilateralismo, con el que se pretende hacernos creer, que un conjunto de naciones, con intereses tan contrapuestos, se ocuparán de los problemas del resto de los países y en particular de aquellos emergentes y subdesarrollados.

Hemos visto en la reciente gala del Colón, como los argentinos somos capaces de trabajar unidos para que, al bajar el telón, se corone el éxito con un gran aplauso de decenas de presidentes del mundo y es sinceramente impactante, pero, también sufrimos, el bochorno de las antesalas de Boca-River y su reprogramación para que la revancha se juegue fuera del país, por la incapacidad del gobierno y la irracionalidad de dirigentes e hinchas.

Del mismo modo, tratamos a aciertos y errores y, es más importante la imagen de estos grandes acontecimientos como el G20, que las cuestiones que acordamos, donde da lo mismo ceder la explotación de nuestros recursos naturales que solicitar financiación para obtener energías limpias. La sinceridad de Putin es un ejemplo, ya que ha dejado claro que no se comprometió a ninguna inversión en el país.

Dos días antes del G20 el “hombrecito del sombrero gris” nos anunciaba graciosamente que a efectos de «remover todos los obstáculos que impiden el desarrollo de Malvinas» una línea brasileña llevaría todas las semanas a los habitantes de Malvinas a San Pablo, el mayor centro económico de sud-américa, de un país miembro del BRICS, asociación integrada por cinco de las economías emergentes más importantes del mundo como Rusia, India, China, Sudáfrica, junto a Brasil, país, al que la Argentina, solo en commodities pesqueros le vende 106 millones de dólares anuales; un mercado que le resultará muy útil a los británicos para colocar las 200 mil toneladas anuales que buques extranjeros bajo licencia inglesa pescan en Malvinas y, que, a partir del Brexit deberían pagar aranceles a la UE, donde se destinan el 80% de esas capturas. Todo ello, mientras May corre serios riesgos de ser destituida por su Parlamento en días.

Hemos visto que en la declaración final del G20 y bajo la consigna: «construyendo consenso para un desarrollo justo y sostenible» los mandatarios firmaron treinta puntos, destacándose -entre otros- «la protección del ambiente y el trabajo, la promoción del cuidado social, infraestructura para el desarrollo, el futuro de la alimentación sustentable y el combate de la malnutrición».

Ahora, cómo se compadecen estos enunciados, algunos de los cuales se dice que fueron promovidos por la Argentina, con los Acuerdos pesqueros firmados con Rusia y China y, respecto a los temas pesqueros, alimenticios y medio-ambientales que ni siquiera se trataron con España, el Reino Unido, China, Corea del Sur, Rusia y Japón que depredan desde hace décadas nuestros recursos en el Atlántico Sur y nos impiden la explotación plena de esos recursos, la generación de riqueza, la triplicación de la fuerza laboral y la soberanía alimentaria que, como hemos dicho, con una explotación racional de esos recursos estaríamos en condiciones de garantizar varios millones de raciones diarias de alimentos proteicos para garantizar una nutrición adecuada al 48% de los niños que en la Argentina, según UNICEF, son pobres.

Las empresas argentinas no tienen ninguna necesidad de que se firmen “Acuerdos de Cooperación” en la actividad pesquera.

La captura en aguas argentinas de pesqueros rusos

El país tiene sobrada capacidad técnica para la investigación, explotación e industrialización y el recurso y los mercados y, la Argentina, tiene sobrada experiencia con este tipo de Acuerdos con las grandes potencias, rápidos para firmar y dificilísimos de denunciar, por la gran asimetría económica y política con la Argentina y los países o bloques con las que se suscriben, tal fue el caso de los llamados Acuerdos de Cooperación Pesquera con la URSS y Bulgaria, firmados por Argentina en 1986, que provocaron, lo que dimos en llamar «la primera derrota argentina en la posguerra de Malvinas» además, de una gravísima depredación del mar argentino, porque significó como respuesta a la firma de esos Acuerdos, la perfecta excusa del Gobernador Inglés en Malvinas, mediante la Proclama N° 4 el anunció de la creación de la “Zona Provisional de Conservación y Administración de Pesquerías”, estableciendo, por primera vez, una zona de pesca exclusiva en torno a las Islas, prohibida a los buques pesqueros argentinos, que incluyó una Ordenanza de Pesquerías.

Era público y notorio entonces la depredación que, desde la década del 50, la flota soviética había hecho en los mares del mundo. Fue total en Angola y Mozambique y se produjeron numerosos casos de depredación y violación de la jurisdicción en la Argentina, Chile, México y Perú.

En los primeros años de la década del 60 los soviéticos estudiaron los stocks pesqueros del Atlántico Sudoccidental y en 1966 iniciaron sus actividades en el Mar Argentino, pero, debieron dejar la pesca al dictarse la Ley 17.094 que estableció las 200 millas marinas como Mar Territorial. En los inicios de 1974, el ministro Gelbard, firmó en Moscú un Acta de intención que promovía acuerdos pesqueros con la URSS, que no ratificaron Perón ni María Estela “Isabelita” Martinez.

El gobierno del Proceso Militar, sobre la base de esa Acta, en los años 1976/7 autorizó el ingreso de más de 30 barcos congeladores y factorías soviéticos y, en 1980, la Secretaría de Intereses Marítimos suscribió un Convenio con el Ministerio de Pesca de la URSS, que dió lugar a que Techint Argentina y la Sovriflot constituyeran una compañía pesquera que operó con cuatro factorías. La ocupación británica de Malvinas en junio de 1982 provocó la renuncia de Galtieri y la asunción de Bignone, a partir de la cual la URSS reanudó la compra de granos a Argentina y, a cambio de ello, el gobierno le autorizó nuevamente la captura en el mar argentino.

Los vínculos con la URSS del Proceso Militar desde 1976 a 1983 se profundizaron durante la gestión del ex Canciller Caputo quien el 28/29 de julio de 1986 firmó los “Acuerdos de Cooperación pesquera con la URSS y Bulgaria”, vulgarmente conocidos como Acuerdos Marco, con el apoyo de Vicente Leónidas Saadi y Jorge Antonio, que fueron suscriptos por el gobierno nacional bajo el pretexto de reafirmar la «Soberanía Nacional» en el área de exclusión de Malvinas. Con este acuerdo se aprobó el ingreso al caladero de 18 congeladores soviéticos, pero capturaron ilegalmente más de 250 barcos que jamás pescaron en el área de Malvinas bajo control británico. Una ingenuidad de Caputo que pagó muy seriamente la Nación y el sector pesquero nacional.

Para ese entonces, los soviéticos pescaban 11 millones de toneladas por año en los océanos y a nadie le llamó la atención que la URSS, junto a Japón y España fuesen los países que más se opusieron a la regulación de la pesca en el área adyacente a la ZEE Argentina durante la Convención del Mar.

Además de depredar nuestros mares y quitar recursos y mercados a las empresas nacionales, el Estado Nacional recibió un canon del 3% en lugar del internacionalmente aceptado de 15%, mientras se esfumaba entre gestores y facilitadores un 12%. Un negocio, que al igual que hoy, se denomina «de Cooperación», aunque, como decía Abelardo López de Ayala «cuando la estafa es enorme toma un nombre decente» y, que como lo manifestaron valientemente los científicos del INIDEP en el informe Nº 262 de 1986, que hoy debieran ratificarse, «cuando se pretende establecer una política de explotación y, se desea encarar al mismo tiempo el manejo racional de los recursos, es imperioso contar con evaluaciones de los mismos, inmediatamente anteriores a la implementación de dicha política».

Sumemos a ello la incapacidad del gobierno de efectuar los controles de captura y desembarco. En 1986 los radicales ya habían sido muy explícitos para reconocer este descontrol, pero, el Cavallo de Menem, continuador de los Acuerdos fue muy sincero: «no se detectó irregularidades de la URSS en el cumplimiento del Acuerdo, pero (destacó) no hay mecanismos para que la Argentina verifique el cumplimiento de las condiciones pactadas».

En síntesis: Sin capacidad de control ¿qué especies y volumen pescarían los soviéticos? Respondemos: Las que voluntaria y amablemente nos quieran declarar en sus partes y transbordos en altamar estos reconocidos depredadores internacionales.La oposición a los acuerdos con la Unión Soviética en 1986 fue mayoritaria entre las empresas nacionales y los gremios del sector, contrario a lo que ocurre hoy, donde no hay solicitadas, manifestaciones públicas, asambleas o los barcazos de entonces.

Seguramente, ello puede tener relación directa con la extranjerización que vive la actividad. Mientras en aquella época todas las empresas eran de capital nacional, hoy las principales exportadoras son extranjeras. No están las empresas nacionales Ventura, Frigocén, Mellino, Mar Azul, Alpesca, Hielo Nevada y otros que quebraron pocos años después y, tampoco se han manifestado -llamativamente- las empresas Valastro, Moscuzza y Solimeno agrupadas en el Consejo de Empresas Pesqueras de Argentina (CEPA), entidad que, curiosamente, hasta unos meses atrás presidía Oscar Fortunato, el actual representante del P.E.N. ante el Consejo Federal Pesquero.

El mismo personaje que en 1986 era Director Nacional de Pesca Marítima y ex gerente de la quebrada ARPEMAR, una de las empresas que con mayor énfasis apoyó los nefastos acuerdos marco con la URSS. Es lógico suponer que quién representa al ejecutivo ante el organismo que fija la política pesquera debiera ser quien propuso al Presidente de la Nación estos acuerdos pesqueros con Rusia y China o ¿la Cancillería Argentina maneja la administración del recurso pesquero, quebrantando la Ley 24.922? o ¿el Señor M&F está de nuevo como en 1986 proponiendo nuevos proyectos relativos a la pesca?

Nos preguntamos, como en aquella ocasión: ¿ha dictaminado el INIDEP sobre el stock del recurso? ¿Se quita recursos a las empresas radicadas en el país? ¿barcos de este país pescan con licencia inglesa en Malvinas? ¿Son recursos excedentarios que no capturan empresas argentinas? ¿Intervienen en la cadena biológica alguno de los recursos a ceder? Y, nos adelantamos: sabemos que no hay respuesta sustentable a estas preguntas. La cesión de recursos afectará a la Argentina biológica, social y económicamente.

Rusia no prometió inversiones, pero sí extraer nuestros recursos, ya que, con un consumo per-cápita de 22kg/año, su déficit en esta proteína es significativo y sale con determinación a su búsqueda para mantener el plan trazado del jefe de la Federal Agency for Fisheries (Rosrybolovstvo) Andrei Krainy de subir en 6 años el consumo de 12kg a 23kg, además, de usar desde hace muchos años sus pesqueros para ocupar los mares del mundo, mientras nosotros, con 5kg per cápita anual, desde hace 50 años, seguimos debatiéndonos si exportamos o destinamos los productos al consumo interno.

Por cierto, nos imaginamos, la alegría que habrá de tener Trump de que la bandera rusa y china flamee en el Atlántico Sur, ya que en 1986 el Secretario de Estado de Estados Unidos, George Shultz y el Informe del United States Department of Commerce reflejaron con toda crudeza.

Será internacionalizar el mar argentino y agregar la presencia extranjera a los más de 1.639.900 millones de km2 que ya tiene ocupados el Reino Unido de Gran Bretaña, aunque, seguramente, volverá a ocurrir lo que ya ocurrido en 1990 cuando el Vicecanciller argentino Mario Cámpora dirigió a la Consejería Legal el siguiente memorándum: «Dicho Convenio no otorgó ningún beneficio económico ni político al país y, por el contrario, se tradujo en una dificultad en la relación con los EEUU».

La pesca de los buques chinos

Ya nos hemos referido muchas veces al interés de los chinos en pescar en el mar argentino. Han sido varios los programas que incluyeron supuestas asociaciones para el charteo de poteros chinos que facilitaron las capturas de estas embarcaciones con escaso rédito para nuestro país. Lo cierto que el gobierno de nuestro país en 2015 le prometió al director general del buró de pesca del Ministerio de Agricultura de China licencias para la pesca de este apreciado molusco.

Numerosos países han denunciado a China por la “pesca ilegal, no declarada y no registrada” (INDNR) y las propias autoridades ilegales inglesas de pesca en Malvinas, acaban de negarle licencias a los buques de este país por no cumplir con las normas de sustentabilidad.

Acordar con China la captura en el Atlántico Sur es permitirle que ingresen a pescar en la ZEEA un número de buques que representarían el 45% del total del total de buques poteros nacionales que hoy operan en el mar argentino; ello sin computar los múltiples buques mellizos que, como hemos dicho la Argentina no está en condiciones de controlar ni identificar. Buques construidos en China con créditos blandos avalados por ese país opera con el combustible subsidiado, con tripulaciones con sueldos y regímenes laborales esclavos y, capturas, que luego ingresan a China sin arancel alguno, es decir, compitiendo con las exportaciones nacionales con las propias materias primas argentinas.

No estamos hablando de venderle calamar procesado a China, sino de darles el recurso. Habilitarla a que pesque es transferirle (sin contar los mellizos), por un canon un mínimo, unas 60 mil toneladas de calamar de un valor promedio de unos 143 millones de dólares anuales y que pierdan el empleo unos 750 embarcados nacionales, sin contar, los trabajadores derivados de los procesos en tierra, la provisión de insumos, etc. China, es un gigante que tiene más de 2.500 buques pescando en aguas fuera de China y está ávida de materias primas, por lo que sería una decisión irreversible e irresponsable, por nuestra condición de soja-dependientes, etc. al igual que en lo sectorial, por ser China el segundo comprador de pescados y langostinos y primero del calamar argentino.

La fama de China en la actividad pesquera es ciertamente mala y se le atribuyen la pesca ilegal en las Z.E.E. de los países ribereños. Una docena de países han protestado contra los buques pesqueros chinos por depredación, entre ellos Ecuador, Chile, Perú, Colombia, México, Costa Rica, Corea del Sur, Vietnam, Mauritana, Senegal, Guinea, Sierra Leona, etc. Queda claro que las áreas 87 y 41 (la nuestra) de la FAO son de su interés después de haber depredado todo el mundo y de ser el país de mayor cantidad de horas de pesca con 17 millones en 2016. Todo lo dicho para Rusia es aplicable a China.

La ilegalidad de la extranjerización del mar

No pareciera que el gobierno esté legalmente habilitado para otorgarle permisos de pesca a Rusia y a China, al menos, sin la aprobación del Congreso Nacional. Ello, por cuatro razones: 1) no está probado científicamente que haya excedentes pesqueros de calamar, porque el INIDEP no ha determinado el Rendimiento Máximo Sostenible en base a campañas de prospección ni se conocen datos del ecosistema; 2) no se conoce con certeza la captura que los barcos extranjeros con o sin licencia ilegal inglesa realizan en el Atlántico Sur y muy especialmente en la ZEEA; 3) no puede entenderse a Rusia y a China como un país en situación geográfica desventajosa y, 4) de existir un excedente, primero deberían ofrecerse permisos a las empresas nacionales.

Todo ello, en acuerdo a la Convención de las Naciones Unidades del Derecho del Mar, que en sus artículos 62, 69, 70 y 71 establece que el Estado ribereño debe promover la utilización óptima de los recursos; determinar las capturas máximas; tener en cuenta la importancia de los recursos para la economía y necesidades nutricionales nacionales antes de dar acceso a terceros a la captura de los excedentes y evitar perjuicios a las industrias pesqueras y cargas especiales del Estado ribereño y, muy especialmente, por la importante cantidad de pobres e indigentes de Argentina que necesitan proteínas y, las propias prescripciones de la Ley de Pesca Nº 24.922.

La soberanía y la utilización del recurso argentino para generar valor y empleo argentino
Con legislación vigente y en estas condiciones biológicas, industriales y sociales de Argentina, la Autoridad de Aplicación no puede autorizar captura alguna a buques chinos, rusos o de otra nacionalidad y, cuando transitoriamente pueda utilizarse algún sistema de arrendamiento, los tripulantes deben ser argentinos conforme la ley y, la producción, procesarse en un 100% en plantas en tierra, para evitar falsos arrendamientos, que no son otra cosa, que el ingreso de barcos extranjeros al mar argentino y el pago de comisiones a supuestos socios nacionales.

El recurso es del Estado Nacional, o provincial en su caso, y debe investigarlo, conservarlo y distribuirlo produciendo la mayor renta en favor del conjunto de los actores pesqueros nacionales.
Los gobiernos pasan, los argentinos carecemos de memoria, pero los sectores productivos y los trabajadores se quedan sin fábricas, sin empleo y sin recursos pesqueros.

Obtenido de nuestromar.org

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