La investigación conjunta con el Reino Unido y la valiosa entrega biológica del calamar argentino (César Lerena)

El Reino Unido de Gran Bretaña (R.U.) tenía ocupada Malvinas desde 1833, las que sostenía precariamente y, a ello, agregaba, las tres millas marinas a su alrededor. El R.U. seguía aplicando la Teoría del holandés Cornelius van Bynkershoek, que sostenía que los Estados ribereños tenían derechos a las aguas adyacentes y que éstas alcanzaban la distancia del tiro de cañón desde la orilla, es decir unas tres millas marinas.

El 14 de junio de 1982 las tropas argentinas iniciaron su retirada de las Islas Malvinas y, ya, el 23 de julio el R.U. estableció una zona de exclusión centrada en el mismo punto del estrecho de San Carlos, declarada «Zona de Protección Militar» (FIPZ); con un radio de 150 millas.

Luego, como respuesta a la firma de los Acuerdos Pesqueros (llamados Marco) con la URSS y Bulgaria el 28 de julio de 1986 por parte de Alfonsín-Caputo, con la ingenua pretensión de que los buques de esos países pescaran en Malvinas, el Gobernador ilegal británico en Malvinas, el 24 de octubre de 1986 anunció la creación de la «Zona Provisional de Conservación y Administración de Pesquerías (FICZ) de 150 millas, la ZEE y una Plataforma Continental de 200 millas alrededor de las Islas medidas desde las Líneas de Base…por orden de la Reina Elizabeth II y por la Gracia de Dios», estableciendo, por primera vez, una zona de pesca vedada a los buques argentinos, que incluyó una Ordenanza de Pesquerías promulgada por la Legislatura de la «Colonia», dando lugar, a que el R.U. se considerara un país ribereño, en acuerdo a las prescripciones de la Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar (CONVEMAR), promovida en la Argentina por Domingo Cavallo, quién gestó la sanción de las leyes 23.968 sobre “los espacios marítimos” y la ratificación de la CONVEMAR (Susana Ruiz Cerutti, fue quién la firmó) por la Ley 24.543, que le facilitó al R.U. decretar la ZEE de 200 millas alrededor de Malvinas, al considerarse un Estado ribereño.

Hecha esta introducción, ubiquémonos por un momento en 1976: los habitantes de Malvinas no conocían que era un Calamar. Cuarenta años después, pescan a través de licencias otorgadas a buques extranjeros, fundamentalmente españoles, 68 mil toneladas de esta especie, con un total de 168 mil toneladas de pesca (2017), con picos de 400 mil (1999), 300 mil (2007) o 450 mil (2015), donde el calamar ha sido la estrella en la mayoría de los años. Las exportaciones pesqueras de Malvinas se destinan en un 94% al mercado español y representan el 75% de los ingresos de Malvinas.

Un 60% del millón de toneladas, valuadas en unos 2.000 millones de dólares anuales, que los buques extranjeros pescan ilegalmente en el Atlántico Sur, corresponden al Calamar.

Trataré de ser lo más sencillo posible: el calamar Illex argentinus (su solo nombre científico ya es elocuente) migra anualmente hacia el área de Malvinas (GAP), la plataforma continental y al talud y, es el sostén principal de los ocupantes de las Islas, pero, también, la interrelación de los habitantes con terceros países de Europa. En este escenario ¿a alguien se le ocurriría darle información biológica sensible -fundamental para la economía en Malvinas- a los británicos? Sí. Al gobierno argentino sí.

El 28 de noviembre de 1990 firmó el Acuerdo de conservación conjunta argentino-británica de los recursos marítimos argentinos en el Atlántico Sur. El R.U. conocía, la dependencia biológica del recurso que migraba del mar continental argentino hacia el área de Malvinas e inició una acción destinada a sensibilizar la opinión pública (también hoy lo hace la Armada y la Prefectura) y también a los ambientalistas, biólogos y, diplomáticos de Cancillería, respecto a que los buques extranjeros sobrepescaban el recurso.

No se referían los británicos a las licencias otorgadas por ellos, que también depredaban y depredan, pero, utilizaron este pretexto, para concertar una conservación conjunta con Argentina desde Chubut hasta la Antártida. Esta argumentación pública, era absolutamente falsa, ya que lejos de reducir las capturas en el área de exclusión de Malvinas (FICZ), los británicos las aumentaban en 1989 con relación a la campaña anterior.

Años antes, la FAO ya había informado que «había un desorden general en las pesquerías del sur», atribuido en gran medida a la actividad del R.U., ya que éste había atraído gran cantidad de buques extranjeros a la región. No obstante, se estableció esta Comisión Conjunta de Pesca del Atlántico Sur, para evaluar la situación de los recursos pesqueros a la altura de la Península de Valdez (Latitud 45ºS), por encima del Golfo de San Jorge de Chubut hasta debajo de las Islas Sándwich del sur (Latitud 60ºS), es decir, ya no en la FICZ, sino frente a los mares de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y la Antártida. Un verdadero relevamiento biológico de nuestro recurso con el consentimiento, que le permitiría establecer su propia estrategia a la hora de otorgar licencias pesqueras a buques extranjeros (¡!).

El propio experto inglés, Robin Churchill, nos decía: «el gobierno británico, si bien está preparado para levantar la FICZ a favor de un régimen multilateral, en la práctica no querrá hacerlo, para no perjudicar la economía de los isleños», dejando en claro, que bajo la supuesta vocación ecologista, los británicos necesitan conocer el ecosistema de la región, para tener más certeza sobre el futuro del recurso.

La Subsecretaría de Pesca de entonces puso a disposición del Acuerdo los buques Oca Balda y Holmberg del INIDEP para que los británicos conozcan en detalle nuestros recursos; algo, que muchos países consideran un secreto de Estado; pero que, en el caso de la Argentina, adquiere una mayor gravedad, en razón, de la explotación ilegal de nuestros recursos por parte de Reino Unido de Gran Bretaña.

Nuestro país les prestó tecnología, el conocimiento, la biología, la concentración, el stock, los sistemas migratorios y de interrelación de las especies, etc. información que es sustancial para la economía de Malvinas y, en ello intervinieron, nuestros más prominentes científicos, de los que el Reino Unido carecía.
En la VII Reunión de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur reunida en Buenos Aires el 18/19 de noviembre de 1993 con la participación de representantes británicos y el compromiso del titular del Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) el subcomité científico señaló: «las autoridades argentinas adoptarán las medidas de administración apropiadas para la conservación del recurso». La misma Comisión, que este gobierno ha revitalizado, después que el 6 de diciembre de 2005 se dejara sin efecto, cuando los ingleses otorgaron licencias pesqueras por 25 años, en una clara demostración de la actitud depredadora con la que pescan.

Ahora, el gobierno reedita esta Comisión a partir del pacto Foradori-Duncan del martes 13 de septiembre de 2016 y, los británicos, no son ecologistas inocentes. No solo desean conocer nuestros recursos, sino también, conociéndolos, regularlos, a partir de las normas autoimpuestas desde la CONVEMAR.

El 1 de febrero de 2019 salió el buque de investigación Victor Angelescu del INIDEP para conocer el stock, la disponibilidad, migración etc. del Calamar en el Atlántico Sur y, junto con la dotación de científicos argentinos, participarán dos investigadores británicos, una verdadera entrega científica, tecnológica y biológica en favor de quienes ocupan en forma prepotente Malvinas. Ahora, por si esto fuera poco, el buque es conducido por hombres de la Prefectura Naval Argentina. Indigno.

Obtenido de nuestromar.org

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