Argentina, España y Uruguay ante la pesca ilegal en el Atlántico Sur

Los lazos culturales y comerciales que unen a la Argentina con España y Uruguay actúan como una barrera frente a las acciones diplomáticas que debiera arbitrar nuestro país para presentar batalla a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en el Atlántico Sur. La firma del memorándum de entendimiento entre ALPESCAS y la ICFA es una clara muestra de la falta de rumbo y políticas de Estado. Mientras en Roma se discute una nueva visión sobre sostenibilidad de los océanos, representantes del sector pesquero se unen a las voces de quienes nos perjudican directamente en este campo.

España desde hace siete años realiza en la feria de Vigo congresos de la FAO sobre sustentabilidad. Este año además celebró en Torremolinos el primer seminario sobre pesca ilegal y representantes de su sector empresario participan de los más importantes foros internacionales alzando las banderas de estos dos postulados.

Uno de los referentes empresarios que tiene España es Javier Garat, presidente de la asociación de pesca más importante de España (CEPESCA) y de la Coalición Internacional de Asociaciones Pesqueras (ICFA), con activa participación en reuniones de la FAO y la ONU. El discurso que da alrededor del mundo es el de la lucha contra la pesca ilegal, sobre la promoción de la investigación de los recursos pesqueros para disponer de evidencias científicas que contribuyan a la sostenibilidad de su actividad y como herramienta para frenar el avance de las Áreas Marinas Protegidas.

Pero la conducta de España en aguas internacionales no refleja lo que pregona: subsidia a parte de su flota para pescar en el Atlántico Sur desde África hasta Malvinas, donde pescan sin ningún control, se reabastecen en alta mar o en el puerto de Montevideo y hasta pueden hacer trasbordos para seguir pescando por mucho más tiempo del esperado, al igual que lo hacen cientos de barcos chinos, coreanos, taiwaneses o rusos.

España, incluso, ha incurrido en pesca ilegal dentro de nuestras aguas territoriales. El caso más reciente es el del Playa Pesmar Uno, capturado por la Prefectura Naval Argentina en marzo pasado. La pesca ilegal en el Atlántico Sur no es definitivamente un tema en el que la industria pesquera española pueda presentarse como una mera espectadora ni como una tenaz luchadora en contra de su proliferación.

Uruguay, vale recordarlo, es el centro neurálgico de la logística de los barcos que pescan sin control en el Atlántico Sur e irónicamente es puerto Rector de la FAO. Pese a ello recibe barcos que han sido capturados pescando ilegalmente y otros hasta con denuncias de explotación humana.

El hecho de que la Argentina tenga lazos culturales y comerciales muy profundos con España no nos puede impedir como país reclamar y enfrentar posiciones sobre acciones que nos perjudican directamente. Lo mismo cabe para los hermanos uruguayos, tan caros para los argentinos.

El sinceramiento de la real situación de lo que ocurre en la Milla 201 se presenta como el primer paso ineludible que deben dar nuestro país y todos los organismos comprometidos, en los foros internacionales, para poder combatir la sobreexplotación de especies migratorias del caladero argentino. Ello implicará, sin dudas, situaciones incómodas con el país hermano de Uruguay y con la madre patria española; pero debe enfrentarse si se pretende pasar de la declamación a la acción.

Javier Garat estuvo la semana pasada en nuestro país. Se reunió con la mayoría de las cámaras empresarias y participó de la cuarta reunión de ALPESCAS, la asociación de cámaras pesqueras de algunos países de Latinoamérica, entre los que se encuentra adscripta Argentina a través de la Cámara de Armadores de Buques Pesqueros.

El presidente de CEPESCA y ICFA repitió los mismos conceptos que en los foros internacionales sobre la pesca ilegal, la sustentabilidad, la investigación y las Áreas Marinas Protegidas: “Son una herramienta para la conservación de los océanos, pero no tanto para la gestión de las poblaciones de peces”.

El auditorio argentino lo recibió con la debida amabilidad y hasta con la frescura que la cercanía en las relaciones invita. Pero no tuvo una postura crítica sobre el rol de España en la pesca ilegal y la sobreexplotación de los recursos en el Atlántico Sur. Por el contrario, ALPESCAS firmó un memorándum de entendimiento en el que acuerda acompañar el discurso de la ICFA en el ámbito regional e internacional.

La generación de un Área Marina Protegida en aguas del Atlántico Sur es quizás la única posibilidad que tiene la Argentina de parar la sobreexplotación en la Milla 201. La incapacidad que tenemos de patrullar la gran extensión marítima, la nefasta colaboración que prestan nuestros vecinos uruguayos, el descontrol que reina en las aguas internacionales y la participación en el negocio de nuestros socios españoles, nos dejan sin alternativas.

El sector empresario nacional mira con desconfianza las AMP con una visión localista, que sería fácil de sortear con tan solo acotar la explotación pesquera a las recomendaciones del INIDEP.

Pero si las AMP se ven como una primera medida para frenar la depredación, la contaminación y la crisis del calentamiento global en aguas internacionales donde reina el descontrol, la explotación humana y hasta la muerte, pueden ser una medida más que entendible. Después, a partir de la información basada en criterios científicos y razonables, se podrían ir abriendo espacios.

En este contexto, resulta inexplicable que un grupo de empresarios argentinos acuerde, junto a otros referentes de Latinoamérica, ir a foros internacionales en un año de profunda discusión, avalando el discurso de ICFA que se resiste a cumplir con los objetivos azules de vedar el 30% de los océanos, según las declaraciones públicas de su presidente. Es de esperar que la Argentina tome las riendas de esta discusión tan importante, no como se ha hecho hasta ahora.

Ayer comenzó en Roma un simposio internacional sobre la sostenibilidad de la pesca de la FAO, del que surgirá un documento técnico -que deberá ser aprobado el año próximo por en el Comité de Pesca- que dará una nueva visión sobre la sostenibilidad. Podrían comenzar a usarse sistemas de identificación automática para controlar la actividad pesquera.

De la generación de este sistema que compromete la cartografía y análisis de la actividad pesquera, así como la presencia e intensidad de las actividades pesqueras en todas las regiones, participó Global Fishing Watch. La fundación que financió la investigación sobre el rol de Uruguay en la pesca ilegal y, junto con Oceanosanos, puso al descubierto la llegada de un muerto por mes al puerto de Montevideo en el año 2018, entre muchas otras irregularidades.

En las aguas internacionales no hay ley y se ha vuelto imprescindible llegar a un acuerdo. Quienes participan o colaboran en la pesca ilegal deben ser identificados y puestos a derecho. Regular la explotación de la pesca, de la minería, transporte y turismo es una de las formas posibles; la otra es la implementación de Áreas Marinas Protegidas, hasta tanto se cuente con la información científica necesaria para garantizar la explotación sostenible. Se desconoce cuál es la postura argentina.

Ver nota original: www.revistapuerto.com.ar

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