“Solidaridad social y reactivación productiva”, el nuevo eufemismo que puede producir más desocupación en la pesca

De aplicarse sin mayores cambios las medidas impuestas por el Gobierno Nacional bajo el eufemismo de “Solidaridad social y reactivación productiva”, los espacios de este y otros medios relacionados a la actividad pesquera, si son honestos, se verán atestados de noticias acerca de nuevos despidos, cierres de plantas procesadoras y abandono definitivo de proyectos de inversión que impliquen la generación de nuevos puestos de trabajo.

La mayoría de los productos que venden nuestras empresas tienen rentabilidades raquíticas, apenas compensadas por los grandes volúmenes exportados como consecuencia de la abundancia de recursos.

Con las nuevas retenciones impuestas será imposible reprocesar en tierra merluza obtenida de barcos fresqueros. Se seguirá indefectiblemente con el traslado de los volúmenes de captura de dicha especie hacia los buques factorías con las consecuentes problemáticas sociales que ello trae implícitas. Sin esas retenciones y con un precio de 2700/2800 dólares por tonelada del filet congelado a bordo, el mismo producto, pero de fresqueros y plantas en tierra, tiene un precio de quebranto de unos 200 dólares la tonelada por debajo de los costos. Con el 9% de retenciones, la ecuación es insostenible aún para aquellas empresas diversificadas que venían sosteniendo esas pérdidas con el langostino.

Gracias al preciado crustáceo se crearon en el último lustro varios miles de puestos de trabajo en tierra, sobre todo en Patagonia. Los principales productos son el bloque de cola que se reprocesa en otros países y bastante menos la colita pelada y desvenada, entre otras. Este último producto y otros que requieran de alta incidencia de mano de obra en su elaboración, serán los primeros que desaparecerán de nuestra oferta al tiempo que sus obreros perderán sus empleos. Los altos sueldos y abusivas cargas sociales son insostenibles con las nuevas retenciones impuestas.

Por ejemplo, exportar a España colita en bloque para reprocesarla allí, es libre de aranceles y el sueldo de un obrero español ronda los 800 euros mensuales. Un trabajador patagónico para hacer el mismo trabajo, en blanco por supuesto y con sus cargas sociales, cuesta a las empresas nacionales entre tres y cuatro veces lo que cuesta un español. Pero, además, si quisiésemos reprocesar productos más allá de la cola en bloque, en el caso de que los costos lo permitiesen, ellos pagarían un arancel de entrada a España del 12%. Créanme que esto no me enoja con España, sus empresas o sus políticas; al contrario, solo me produce desazón compararlos con lo que tenemos por estas tierras.

Más notable aún es la asimetría que se genera en aquellas empresas de capital chino que se exportan a sí mismas libres de aranceles y de IVA, reprocesan con costos muy inferiores a los españoles o los nuestros y ofrecen sus productos terminados al mismo mercado al que aspiran nuestras otras empresas.

En otra arista de la misma problemática se encuentra nuestra voluminosa exportación de cola de langostino en bloque, exportación que se reprocesa en terceros países ante la imposibilidad económica y financiera de hacerlo aquí. Hoy ese producto, rentable solo por imperio de la abundancia, pasará a tener un valor de venta por debajo de los costos de producción, gracias a las medidas adoptadas en el marco de la “solidaridad social y reactivación productiva”.

Producir una tonelada de cola en bloque implica un costo cercano a los U$S 6,00, se exporta a unos U$S 6,50 y esos U$S0,50 son una buena ganancia por la gran cantidad que se produce y exporta. Mejor dicho, eran: porque la retención del 9% pone también el precio de esta cuasi commodity por debajo de la línea de costo de producción.

Podría seguir poniendo ejemplos hasta de la flota congeladora que en muchos casos trabajará con muy pequeños márgenes por encima de sus estructuras de costos. Pero sucede que con esta realidad estar empatados con los costos puede interpretarse como un éxito comercial.

Desde este medio hemos tenido varias reuniones y comunicaciones con personas importantes y representativas del sector empresario y el panorama es desolador. Las opiniones que más se escuchan entre los empresarios chicos y medianos con muchos empleados vinculados a las plantas en tierra son apocalípticas y de hartazgo. Los empresarios más grandes suelen ser algo cautos, prudentes y conservadores, actualmente abocados a construir canales de diálogo que reviertan o al menos morigeren los efectos devastadores que tendrá este nuevo manotazo de ahogado del gobierno y su enorme transferencia de recursos desde el sector privado hacia un Estado elefantiásico e ineficiente.

Nadie puede desconocer el objetivo que persiguen estas medidas, aunque muy pocos consideran que por este camino se logre la meta deseada. En lo que a nuestra querida industria se refiere, el pomposo proyecto de “Solidaridad social y reactivación productiva” nos alejará definitivamente de la aspiración de generar nuevo empleo genuino y dejar de exportar commodities sin valor agregado.

Por el contrario, esta nueva ley nos lleva sin escalas rumbo a una industria más concentrada en menos manos, la proliferación de barcos factorías como únicas unidades productivas sostenibles económicamente, rentabilidades exiguas basadas en una gran abundancia de recursos, por naturaleza impredecibles, una alta recaudación de impuestos que engorde las arcas públicas a la vez que asfixia a las empresas, la pérdida masiva de puestos de trabajo y la inexistencia de otros nuevos.

Ante este panorama a priori desolador, podría ser un aliciente tener al frente de las áreas gubernamentales, léase CFP y sobre todo Subsecretaría de Pesca, a funcionarios de reconocido perfil técnico y actitud política que tomen la grave coyuntura, la internalicen y se hagan carne del problema para gestionar una solución ante las áreas de decisión que determinan estas medidas con nulo conocimiento de la industria pesquera.

A riesgo de equivocarme y con mis potenciales disculpas si así fuese, no creo que sea un militante político de base, como Carlos Liberman, quien se atreva a cuestionar a sus superiores por las decisiones adoptadas dentro de una estructura partidaria y gubernamental peronista, por origen y definición verticalista.

Si bien públicamente los gobiernos siempre sostienen la búsqueda de loables objetivos de desarrollo humano e inclusión social, en la práctica y con las políticas implementadas, lo que terminan generando son oleadas sucesivas de nuevos compatriotas denigrados a la indignidad de un plan social que los aleja del decoro de un trabajo registrado. Un fenómeno y problemática social que, por repetido, muchas veces nos invita a pensar que es el fin último perseguido desde hace décadas por los sucesivos gobiernos.

Ver nota original: www.revistapuerto.com.ar

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

diecinueve − uno =