La pesca cierra otro año con materias pendientes
El año que ya termina había comenzado con cierta vocación política del Gobierno de Chubut de avanzar en la actualización de la legislación pesquera, habiéndose realizado diversas mesas de trabajo con los diversos actores que componen la industria. A mitad de 2017 todo quedó congelado sin mayores explicaciones políticas, aunque el mayor escollo fue el otorgamiento de nuevos permisos de pesca.
Desde 2012, parte de la Ley IX – N° 75 (Antes Ley 5639) Ley General de Pesca Marítima fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y los sucesivos gobiernos provinciales no avanzaron en su adecuación.
El otorgamiento de los permisos de pesca sigue siendo un tema casi tabú. En realidad, siempre estuvieron bajo sospechas de corrupción. A nivel legislativo se amagó con hacer una ‘revisión integral’ de los permisos ya concedidos, pero tampoco se hizo nada al respecto, aunque hubiera sido altamente saludable que se analicen todos los otorgamientos pasados; nadie podría oponerse, excepto los que tengan algo que esconder o las asentaderas sucias.
El audio que tomó estado público donde un empresario con acento francés le comentaba a un taxista que había pagado millones de dólares a la administración dasnevista para recibir una licencia, no hizo más que alimentar ese cúmulo de sospechas que rodean la actividad.
Cono de sombras
El esquema actual normativo da lugar a que la entrega de una concesión estatal para la explotación de recursos naturales como la pesca esté siempre sospechada de coimas y corrupción. Sigue habiendo permisos de Variado Costero Patagónico (VACOPA), que son literalmente una mentira, son permisos para pescar langostino, pero como la ley limita la cantidad de licencias de la flota amarilla se insiste en esquivarla, como hace 11 años, por medio de esa mecánica.
Hasta tanto no haya un sistema de “licitación pública” de los permisos y queden supeditados a la firma de quien está ocasionalmente sentado en el principal despacho de Pesca, las sospechas difícilmente cesen.
Por un lado, hubo compromisos políticos no escritos de otorgar determinado número de permisos a plantas en tierra de las cuales dependen cientos de empleos, lo cual se incumplió. En tanto, desde la flota amarilla de Rawson operaron fuerte para que la administración pesquera no avance en ese sentido, asumiéndose para sí casi como los ‘dueños’ exclusivos del recurso que administra la provincia.
Descontentos
Rawson ya superó otro récord histórico en nivel de capturas de langostino con más de 55 mil toneladas en lo que va de 2017, a pesar de lo cual se continúan verificando distorsiones notorias dentro de la actividad.
La sobreabundancia del recurso no autorregula al sector, y si bien cada vez hay más recurso disponible, numerosas plantas procesadoras de Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia no tienen asegurado el abastecimiento. La industria local presenta diferente dimensión de las empresas, y de allí que las pymes piden medidas de protección ante los grandes grupos para no quedar marginadas.
Las plantas de Rawson, Madryn, Trelew y Comodoro que no tienen barcos o permisos de pesca quedan a merced de lo que imponen los brókers desde la banquina del puerto capitalino. Cabe preguntarse si el Estado debe regular la situación o hacer la vista gorda, como ahora, y dejar que todo lo regule el mercado.
Como toda política de Estado requiere tener la amplitud y visión estratégica suficiente para que no quede reducida a un puñado de lobistas de los que abundan desde siempre en la industria del pescado.
Langostino para pocos
Limitar la producción y exportación de bloques de langostino ha sido una de las acciones que de la administración provincial que tiene consenso. Será recién a partir del año que viene y solo para lo que se pesca en aguas provinciales. En rigor, son numerosas las empresas que hacen bloques para su reproceso en el exterior a menor costo, y como reza la manda constitucional “nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe”, cuando analizan la ecuación de costos, optan por esa mecánica.
En tanto, plantas de procesamiento de Madryn y Comodoro, de las que dependen miles de empleos directos, reclaman con insistencia evitar monopolios en los destinos de materia prima desde Puerto Rawson. Proponen diversas medidas, tales como vincular barco con plantas para garantizar abastecimiento; mantener una relación de personal de planta con la recepción de pescado que tengan, teniendo en cuenta que la falta de abastecimiento de materia prima hace peligrar el sostenimiento de puestos de trabajo.
Piden además debatir y analizar la posibilidad de otorgar nuevos permisos a plantas que no tengan la capacidad productiva cubierta, teniendo en cuenta su conducta fiscal y su historial laboral en ocupación de mano de obra directa.
En tanto, desde el sector de los congeladores tangoneros se quejan por tener que pagar una licencia de pesca provincial para no poder usarla ni una sola vez en el año. El Golfo San Jorge ha sido clausurado a la pesca de langostino y a esas empresas, a pesar de lo inconstitucional, se les sigue pidiendo que tengan mano de obra ocupada en tierra en relación con los metros cúbicos de bodega.
Va de suyo que hay posiciones a favor y argumentaciones en contra, las que en algún momento deberán ser abordadas desde el estado con todos los actores en la mesa.
Rehuir al debate y la discusión no será saludable ni a corto ni a largo plazo.
Obtenido de revistapuerto.com.ar