Trazabilidad pesquera en el Congreso: el debate legislativo se centra en evitar la superposición burocrática
En el marco del análisis de la ley de trazabilidad en el Congreso, cámaras del sector pesquero expusieron sus reparos ante el riesgo de una mayor carga burocrática. El eje de la discusión pasa por articular el control contra la pesca ilegal sin duplicar exigencias sobre las empresas que ya operan en regla.
La discusión en torno a la trazabilidad pesquera volvió a instalarse en la agenda parlamentaria de la Cámara de Diputados de la Nación, donde se analizan proyectos destinados a unificar el seguimiento de los productos de la pesca y la acuicultura desde el buque hasta su comercialización final. Lejos de cuestionar la transparencia o la legalidad de los controles, el eje central de las exposiciones pasó por definir cómo articular los datos sin sumar mayores cargas administrativas al sector productivo.
Durante los plenarios de comisiones encabezados en el ámbito legislativo —con intervenciones de referentes como el diputado César Treffinger— se remarcó que las iniciativas buscan instrumentar herramientas que refuercen los mecanismos de fiscalización contra la pesca ilegal y potencien el comercio exterior.
Desde esta perspectiva institucional, el propósito formal es lograr una visión integral sobre los recursos marítimos, promoviendo estándares que acompañen el desarrollo de la actividad.
Por su parte, representantes de cámaras empresarias como la Cámara de Armadores de Poteros Argentinos (CAPA), la Cámara de Armadores de buques Pesqueros de Altura (CAPIP) y la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPECA) expusieron ante los legisladores las particularidades operativas del sector.
En sus ponencias, señalaron que la actividad ya cumple de manera sostenida con exigentes instancias de reporte ante organismos de control como la Subsecretaría de Pesca y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
El planteo central del sector privado no cuestiona el fin último de la trazabilidad, sino que advierte sobre el riesgo de construir un circuito administrativo adicional. En este sentido, postulan que el desafío tecnológico e institucional del Estado debe orientarse hacia la interoperabilidad —es decir, que los organismos públicos compartan y crucen la información que ya poseen y validan—, evitando así exigir a los administrados la duplicación de trámites y datos que ya son de carácter oficial.
El debate legislativo continúa abierto con el objetivo de alcanzar consensos técnicos que permitan articular la fiscalización estatal con la simplificación operativa de la industria.