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Sturzenegger y la pesca: cuando la descalificación reemplaza al debate

Hablar de una “casta naviera pesquera” simplifica una actividad que merece controles, transparencia y una política de desarrollo. El aporte al país debe evaluarse también por el trabajo, la industrialización y la inversión que genera.

Las declaraciones de Federico Sturzenegger, publicadas por La Capital, merecen una respuesta que vaya más allá del enojo. El ministro cuestionó la adjudicación de los permisos y sostuvo que la industria pesquera mantiene una deuda con la sociedad. Sin embargo, frente al reclamo por las retenciones, no comprometió una fecha para eliminarlas. La demanda de una respuesta económica terminó desplazada por una acusación general contra el sector.

El punto de partida es indiscutible: los recursos pesqueros deben administrarse en beneficio de la sociedad. Precisamente por eso, discutir su aprovechamiento exige algo más que una etiqueta política.

La primera precisión es fundamental: la legislación contempla una contraprestación por extraer el recurso. El artículo 29 de la Ley Federal de Pesca establece un derecho de extracción por especie y modalidad. Además, el Fondo Nacional Pesquero contempla ingresos por aranceles anuales de permisos y derechos sobre las capturas. Puede discutirse si esos mecanismos son suficientes y cómo se aplican; su existencia debe formar parte del debate.

También corresponde recordar qué busca proteger el régimen. Para otorgar permisos, la ley contempla prioridades vinculadas con la mano de obra argentina, la construcción de buques en el país y, en determinados supuestos, el procesamiento y el agregado de valor. Son decisiones de política productiva cuya eficacia debe evaluarse, pero que tienen una finalidad reconocible: que la riqueza del mar sostenga actividad en territorio argentino.

Desde Mar del Plata, esa discusión tiene rostros concretos: tripulantes, trabajadores de plantas, estibadores, técnicos, transportistas y personal de astilleros. Una política pesquera debe preguntarse cuánto recibe el Estado, pero también cuánto trabajo queda en tierra y qué condiciones permiten sostenerlo.

Nada de esto coloca a los empresarios por encima de los controles. Corresponde exigir cumplimiento laboral, responsabilidad ambiental, inversiones y transparencia. Si existen adjudicaciones irregulares, deben investigarse y establecerse responsabilidades. Una acusación contra toda una industria no reemplaza la identificación de hechos, beneficiarios y decisiones administrativas.

Además, si el ministro considera insuficientemente transparente el sistema, tiene una responsabilidad institucional: impulsar información pública comprensible sobre adjudicaciones, criterios, pagos y cumplimiento de compromisos. La ciudadanía necesita herramientas para controlar, además de declaraciones que provoquen indignación.

La propuesta de licitar también merece una discusión seria. Un mecanismo competitivo debe demostrar cómo preservará la sustentabilidad, evitará la concentración y contemplará el empleo y las inversiones existentes. ¿Qué lugar tendrán las empresas de menor escala? ¿Cómo se valorará el procesamiento en tierra? ¿Qué obligaciones asumirá quien acceda al recurso? Recaudar más al adjudicar no garantiza, por sí solo, un mayor beneficio social.

Hay, además, un aporte económico que el propio Gobierno reconoce. Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, las exportaciones pesqueras alcanzaron 867 millones de dólares durante el primer cuatrimestre de 2026. Ese ingreso de divisas tampoco clausura las críticas, pero debe integrar cualquier evaluación honesta del sector.

La pesca necesita reglas claras, fiscalización eficaz y condiciones para producir. El Gobierno debe explicar qué quiere corregir, con qué evidencia y mediante qué instrumentos.

Administrar un recurso público exige mucho más que señalar una “casta”: exige demostrar cómo cada decisión mejorará la vida de quienes son sus verdaderos destinatarios, los argentinos.

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