SE EXTIENDE LA INTERVENCIÓN DEL SOMU

Lo decidió el juez Rodolfo Canicoba Corral. Asegura que no están dadas las condiciones para concretar el llamado a elecciones, que se pospone hasta febrero de 2018 cuando se cumplan dos años de la detención de Omar “Caballo” Suárez.

En medio de fuertes cuestionamientos a la intervención judicial del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU) a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral por no cumplir el gremio con sus funciones naturales de defensa de los derechos de los tripulantes, en un nuevo fallo el magistrado prorrogó la intervención por otros 180 días, al considerar que no están dadas las condiciones para hacer lugar al llamado a elecciones.

La intervención del SOMU y la Fundación Azul debería haber concluido en febrero del corriente año, teniendo en cuenta que “este juzgado ha fijado plazo de 180 días corridos a partir de la fecha para finalizar las intervenciones del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos y de la Asociación Mutual del SOMU, como así también de la Administración Provisoria de la Fundación Azul”, según le fue comunicado el 26 de agosto de 2016 a quien era por entonces la interventora, Gladys González, hoy candidata de Cambiemos a senadora por la Provincia de Buenos Aires .

González se fue antes de que ese plazo se cumpliera para desempeñarse como Directora del ACUMAR, pero no logró normalizar el gremio para el llamado a elecciones y en febrero de 2017 Canicoba Corral decidió prorrogar por 180 días la intervención. En lugar de González nombro a un delegado del Ministerio de Trabajo, Alfredo Bertonasco, que debió ser acotado en sus funciones por la Sala I de la Cámara Federal dado que se había tomado atribuciones que excedían su condición de interventor, como el intento de renegociación de convenios.

Tras la intervención de la Cámara Federal, el juez debió limitar las funciones de Bertonasco a las de normalizador del proceso eleccionario, que debía ser convocado en diciembre de este año. En declaraciones a REVISTA PUERTO, el funcionario precisó que la fecha programada era el viernes 15 de diciembre de 2017: “El cronograma se lo presentamos al juez Canicoba Corral y él lo aceptó y le iremos elevando informes periódicos sobre cómo está avanzando el proceso”, manifestó.

En esa ocasión Bertonasco se refirió a la limpieza de padrones que ya estaba en marcha: “Vamos a pulir el padrón, se van a extraer varios de los nombres de dirigentes que están investigados y sospechados de hechos de corrupción”. Pero al parecer la limpieza de padrones que se está haciendo ha de ser muy profunda, porque no logran organizar las elecciones para diciembre, como estaba previsto, y el Juez decidió postergarlas por otros 180 y el llamado a las urnas se hará recién en febrero de 2018.

En un párrafo de la nueva resolución judicial que reprodujo Clarín, se especifica que “no es posible entregar el sindicato a los anteriores dirigentes ya que se encuentran todos suspendidos de sus cargos, otros con mandatos vencidos, otros renunciaron (…) otros están procesados y otros con llamados a indagatorias; todos por cometer delitos utilizando el sindicato en perjuicio de los afiliados y en beneficio propio”.

Lo que no explica este pasaje es por qué no se convoca a elecciones, dado que la intervención no se vería imposibilitada de hacerlo más allá de la condición de sospechosos y procesados de quienes fueran dirigentes. Por el contrario, el pronto llamado a elecciones permitiría a los trabajadores poder contar con representantes legítimamente elegidos que subsanen el abandono que durante años han padecido y continúan hoy padeciendo.

Los funcionarios designados por el Ministerio de Trabajo, Silvio Torres como interventor y Alfredo Bertonasco como delegado normalizador, no han sido capaces de dar soluciones a los trabajadores. Ello se ha hecho evidente durante 2017, especialmente en la pesca. La ausencia del gremio ante la tragedia del Repunte fue notable, pero además se desempeñaron como negociadores en las paritarias firmando los valores más bajos del sector.

La desprotección de los trabajadores es total, habiéndose llegado a situaciones ilegales. Hace una semana, los delegados interventores de Puerto Madryn intentaron modificar el convenio colectivo por el que se rigen los marineros en San Antonio Oeste, provincia de Río Negro, llevándolos al sistema a la parte que colocaba en absoluta desventaja a los tripulantes. La maniobra pudo dejarse sin efecto gracias a la intervención de Luis Cufré, un marinero que a través de su agrupación busca ser el próximo secretario del gremio.

El llamado a elecciones en diciembre daba la posibilidad de concretar el proceso eleccionario durante los meses en que los marineros se encuentran en tierra; es de esperar que esta nueva prolongación de la intervención no termine por perjudicar una vez más a los trabajadores.

FUENTE: REVISTAPUERTO.COM.AR

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

cuatro × 5 =