Fuerte cuestionamiento de las cámaras al Ministerio de Ambiente

Semanas atrás el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MAyDS) dio a conocer la designación de cinco nuevas áreas marinas protegidas: El Rincón, Corredor Chubut, Agujero Azul, Talud de Burwood, y Yaganes. A su vez el Presidente Mauricio Macri firmó el Decreto 402/17, que designa a la Administración de Parques Naturales como la autoridad de aplicación sobre dichos espacios (ver Áreas Marinas Protegidas y la improvisación del CFP). La primera entidad empresaria que alertó sobre el grave perjuicio que produciría al sector fue CAPA, la cámara que nuclea al sector potero, y rápidamente encontró eco entre sus pares, sumándose al reclamo el Consejo de Empresas Pesqueras (CEPA); la Cámara de Pesqueros Congeladores de Argentina (CAPeCA); la Cámara Argentina Patagónica de Industria Pesquera (CAPIP) y la Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CAIPA). Por medio de una nota elevada al ministerio en cuestión, al de Agroindustria y al Consejo Federal Pesquero, solicitaron que se revise la decisión adoptada de forma inconsulta y pidieron una entrevista urgente con el ministro Sergio Bergman “a fin de alertar sobre las consecuencias que tendrá para la industria pesquera”.

“Resulta evidente la voluntad del Ministerio de Medio Ambiente y de la Administración de Parques Nacionales de avanzar en esta dirección sometiendo al régimen de áreas de reserva o áreas protegidas, espacios marítimos de la ZEE que hoy son caladero habitual para nuestras flotas y constituyen, a su vez, espacios esenciales de explotación de los diversos recursos que componen la base de la estructura productiva”, infirieron.

También cuestionaron la base científica sobre la que se determinaron las áreas elegidas: “El trabajo del Ministerio de Medio Ambiente parece dirigirse a gestionar y reglar la explotación pesquera en esas áreas. Áreas determinadas por ellos y cuyo fundamento científico, no se encuentra expresado en el informe ni se corresponde con análisis científicos recientes. Áreas que al mismo tiempo se encuentran ordenadas, reguladas y monitoreadas por la Autoridad Pesquera Nacional”.

“Este programa ambiental está invadiendo, evidentemente, competencias naturales y legales de la Autoridad de Aplicación Pesquera y del Consejo Federal Pesquero, otorgadas por ley. No caben dudas que un escenario de este tenor parece desconocer los importantes trabajos realizados por la Autoridad pesquera para la conservación y explotación sostenible de los recursos a través de la adopción de múltiples medidas de ordenamiento tales como: vedas, áreas de reproducción y juveniles, cuotificación, limitación de flotas, regulación de artes de pesca, etc.”.

Cuestionaron fuertemente, a la vez, “el avasallamiento de las facultades y potestades” que realiza el Ministerio dirigido por el rabino Bergman sobre las autoridades pesqueras, señalando que el resultado de ello es “la pérdida de su jerarquía institucional en la materia”.

Finalmente indicaron que como actores del sector se someten a una serie de medidas nacionales e internacionales que regulan la actividad que no han sido contempladas a la hora de elegir las zonas y dar cumplimiento al compromiso de nuestro país de contar con el 10 por ciento de nuestro mar territorial bajo el sistema de área marina protegida: “Reafirmamos que las empresas pesqueras son los actores protagónicos de una pesca responsable como la que se persigue tanto en la legislación nacional como en la internacional, adhiriendo y actuando conforme a los principios y normas que rigen la actividad”.

“La implementación del sistema de Áreas Protegidas conforme surge del informe, sin el necesario consenso y suficientes fundamentos técnicos, redundará en la restricción de las zonas de pesca para los buques argentinos, en el sometimiento de las mismas a un doble programa de gestión y por ende a la pérdida de rentabilidad de las empresas, ya de por si sensible”, concluyó el documento emitido por las entidades empresarias.

Desde el sector esperan que la medida sea revisada en el corto plazo dado que no se ha tomado con la seriedad que el caso requiere, ni ha sido consultado el INIDEP sobre la situación ambiental ni sobre el impacto socioambiental que la implementación de estas áreas podría tener. Diversas fuentes informaron que el ministro de Producción Francisco Cabrera también fue puesto en conocimiento de esta situación y habría dado su apoyo al sector para revisar la polémica medida.

Obtenido de revistapuerto.com.ar

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