El CFP decidió el fin de la temporada de langostino y sacó merluza de la galera
En la reunión celebrada el miércoles en la ciudad de Mar del Plata se designó el 15 de octubre como fecha de cierre prohibiendo la pesca en el área de veda permanente de merluza. Por otra parte se distribuyó hubbsi de cuotas sujetas a medidas judiciales.
Para el caso del langostino, en función de “la información sobre el desarrollo de la pesquería dentro del área de veda de juveniles de merluza”, decidieron establecer el cierre a la pesca de langostino dentro del área a partir de las 20 del día 15 de octubre.
A pesar de tomar vista de los informes presentados por el INIDEP sobre las dos prospecciones realizadas, una entre los paralelos 45° y 47° de latitud Sur y los meridianos 62° y 64° de longitud Oeste y otra entre los paralelos 44° y 45° Sur y los meridianos 63° y 63°30’ Oeste, no se brindó más información al respecto que la aclaración de que en la última se observó un bycatch de merluza superior al 20%. Esta situación, aunque no se aclara, establece el cierre del área, con lo cual es muy probable que los fresqueros den ya por terminada para ellos la temporada de pesca.
Este corte anticipado podría explicar el aumento en la demanda de merluza común que existió, que no solo se realizó mediante notas presentadas por los armadores sino también por los gremios SiMaPe y SOMU. Lo extraño fue el mecanismo que adoptó el Consejo para distribuir un volumen de merluza que no existía en la Reserva de Administración.
“Se toma conocimiento del informe, según el cual a la fecha existe una disponibilidad de 390,7 toneladas de merluza”, señala el Acta y párrafo seguido comienza a justificar una nueva violación al Régimen de Cuotificación y una intromisión en procesos judiciales que resulta inexplicable a pesar de argüir razones de cuestión social.
“Teniendo en cuenta el desarrollo de la pesquería, la Autoridad de Aplicación informa sobre la existencia de medidas cautelares que impiden la explotación de la cuota de captura por parte de algunos buques. Esta situación judicial impacta en la administración de la pesquería, en tanto impide el cumplimiento de la carga establecida en el Régimen General, respecto del volumen anual que fue cuantificado para estos buques en la misma forma en que se cuantificó para el resto de los tenedores de cuota. Esta situación amerita la revisión del Régimen de CITC, a fin de contemplarla adecuadamente, en orden a cumplir con los objetivos de la Ley 24.922”, se señala textualmente en el Acta.
Esta exposición es una opinión cuestionable, siendo que se trata de cupos de pesca que tienen dueño y se encuentran bajo procesos judiciales. Pero así y todo no es lo más sorprendente que dejó el Acta 28: lo inaudito es lo que expresaron en el párrafo siguiente.
Siendo que “en el ínterin, dado que la revisión insumirá un tiempo que puede resultar incompatible con el desarrollo de la pesquería durante el corriente período anual”, decidieron por unanimidad que en los casos de buques con cuota de merluza que, “en virtud de una medida judicial, están impedidos para explotar el volumen cuantificado”, se proceda a dejar sin efecto la potestad que tienen sobre ese cupo y se integre ese volumen a la Reserva de Administración para ser distribuida.
Es la primera vez desde que se estableció el Régimen Federal de Cuotas que ocurre algo semejante. Con “un pase de magia” sumaron a la reserva 11.954 toneladas y repartieron 10.015 toneladas entre 22 buques, 18 fresqueros y 4 congeladores.
El argumento esgrimido para justificar esta extraña maniobra fue, como casi siempre, la necesidad “de abastecimiento de las plantas en tierra para mantener el trabajo”. Si bien es dable que se tenga en cuenta a los trabajadores de tierra a la hora de distribuir la Reserva de Administración, a esta situación anormal no se habría llegado si se hubiera cumplido con el régimen de cuotificación.
En primer lugar, el permitir devolver cuota sin penalización fue una contravención a la norma establecida por este mismo cuerpo colegiado que redujo significativamente el empleo de mano de obra desde 2012 hasta la fecha sin ningún justificativo.
Pero además hoy se ven en la situación de inventar miles de toneladas de merluza para abastecer a los barcos fresqueros porque las cuotas puestas a disposición de la autoridad por esta flota fueron repartidas durante el año entre barcos congeladores, en contraposición con lo que indica la norma que regula las cuotas y el espíritu de la Ley Federal de Pesca.
El problema aquí no es que se le otorgue merluza a los fresqueros ni que se pondere el trabajo en tierra -que veremos si realmente se da en todas las jurisdicciones-, sino que para enmendar decisiones políticas irregulares se toman más medidas irregulares. Difícilmente se pueda pensar en tener alguna vez una administración responsable si esta sigue siendo la manera de manejarse.
El hecho de que esta medida haya sido aprobada por unanimidad es realmente preocupante y más aún que ese criterio unívoco incluya a los representantes de Chubut y Santa Cruz. En el primer caso porque esta provincia está avalando que se reparta entre barcos de todo el país la cuota que perteneció a Alpesca y que Chubut reclama para sí judicialmente. Y en el caso del representante de Santa Cruz, resulta alarmante que avale semejante mamarracho jurídico por detentar este funcionario el título de abogado, haber sido Director Nacional y ser, además, el candidato a Subsecretario de Pesca de la Nación que impulsan desde la Agrupación “La Cámpora” para el próximo gobierno.
Nota Original: www.revistapuerto.com.ar