Reforma del régimen de cabotaje en el Senado y los reparos de la industria naval
La iniciativa oficialista busca reducir costos logísticos mediante la admisión temporaria de buques de bandera externa. Si bien la pesca y los combustibles continúan expresamente reservados a la bandera nacional, astilleros y gremios advierten sobre el impacto indirecto en la cadena de servicios y talleres locales.
El proyecto de ley que impulsa la creación de un nuevo Régimen de Cabotaje, Marina Mercante y Admisión Temporaria (registrado bajo el expediente 1844-S-2026) propone la libre apertura del cabotaje nacional para que el transporte fluvial y marítimo de cargas pueda ser realizado indistintamente por buques de bandera argentina, embarcaciones con tratamiento de tal o buques de bandera extranjera.
La iniciativa modifica el Código Aduanero para permitir que los contenedores ingresados bajo admisión temporaria permanezcan en el país sin plazos estrictos de caducidad, fija un esquema de alícuota reducida del 25% en el Impuesto a las Ganancias para los operadores habituales y deroga artículos específicos de la Ley de Navegación y de transporte multimodal, con el objetivo central de abatir los costos logísticos de las economías regionales.
Durante las últimas exposiciones técnicas en las comisiones de Infraestructura y Transporte del Senado, donde el texto impulsado por el bloque oficialista avanza en su debate, la Secretaría de Desregulación defendió la medida bajo el argumento de reducir la alta dependencia del transporte automotor y dinamizar los fletes de larga distancia.
Sin embargo, el articulado , que deja a salvo de la apertura a sectores específicos como la pesca extractiva, el transporte de combustibles, el remolque de maniobra y los servicios de practicaje, mantiene en estado de alerta a las cámaras empresarias del astillero y a las organizaciones gremiales. Desde la Cámara de la Industria Naval se advirtió en el parlamento que la convivencia operativa de buques extranjeros bajo regímenes temporarios, sin un correlativo alivio fiscal y regulatorio para los armadores locales, profundiza una competencia asimétrica que desalienta la inversión y la construcción de unidades en astilleros argentinos.
El debate en comisiones se encamina hacia la búsqueda de acuerdos técnicos sobre el alcance de las habilitaciones temporarias y los mecanismos de control que ejercerá la autoridad competente, en una discusión que define el modelo de conectividad y el futuro operativo de la flota nacional.
Proyección de plazos
En el mejor escenario para el oficialismo, si se logran destrabar las negociaciones y emitir dictamen en comisiones durante las próximas semanas, la iniciativa podría habilitarse para su discusión en el recinto hacia finales de noviembre o en las primeras semanas de diciembre. No obstante, si el debate legislativo requiere mayores consensos técnicos y se dilata el proceso de acuerdos, el tratamiento definitivo de la norma podría postergarse para el próximo período legislativo.