El reclamo de la industria pesquera para frenar el uso de las Unidades de Pesca en trámites cotidianos
A través de una presentación formal ante el CFP, la industria pesquera pidió revisar un mecanismo heredado de 2021 que indexa los aranceles administrativos con un coeficiente punitorio creado originalmente para multas. El tema ya órbita en la agenda del organismo.
Las cámaras que nuclean a la industria pesquera presentaron un reclamo formal ante el Consejo Federal Pesquero (CFP) para objetar la utilización del índice de Unidades de Pesca (UP) como parámetro para la liquidación de aranceles administrativos y tasas por servicios operativos.
El planteo, impulsado por la Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CAIPA), pone el foco en el impacto financiero que generó la última actualización del coeficiente, establecido en $2.445 por unidad mediante la Disposición N° 3/2026, y cuestiona el criterio legal con el que el Estado calcula el costo de la operatoria diaria de los buques.
El origen del reclamo: de la multa al trámite cotidiano
Para comprender el malestar empresario es necesario remontarse a la génesis del sistema. Las Unidades de Pesca (UP) no nacieron para cobrar trámites administrativos ni servicios de rutina, sino que fueron concebidas originariamente dentro del régimen de infracciones de la Ley Federal de Pesca con un fin puramente punitorio y disuasorio: calcular las multas que se le imponen a los buques que operan ilegalmente o cometen faltas graves.
Sin embargo, a través de un cambio normativo instrumentado en 2021 (mediante la Resolución CFP N° 12/2021), el Estado decidió unificar criterios y empezó a utilizar esa misma unidad de medida como coeficiente universal para cobrar también los aranceles por la emisión de certificados de captura y gestiones administrativas de cumplimiento obligatorio. El problema radica en que el valor de la UP se indexa de forma directa y semestral atándose al precio del combustible. Desde su creación, cuando rondaba los $65, hasta la actualidad, el valor escaló por encima del 3.600%, acumulando incrementos interanuales muy superiores a la evolución de los ingresos operativos de las flotas.
Expectativa de tratamiento
Desde el sector empresario se argumenta que indexar las obligaciones formales mediante un índice concebido para castigar infracciones desnaturaliza su espíritu legal y asfixia los costos en los muelles.
En este escenario, el planteo formal ya ingresó en los carriles de análisis del Consejo, que tiene previsto retomar sus deliberaciones en su próxima reunión de plenario fijada para el miércoles 18 y jueves 19 de noviembre, fecha en la que se evaluará si el organismo da cabida al reclamo e inicia la revisión de los coeficientes cuestionados.