AYUDA CONCRETA PARA LOS FAMILIARES DE TRIPULANTES DEL REPUNTE
Tras la reunión que mantuvieron con los ministros de Producción y Trabajo de la Provincia de Buenos Aires se acordó asistencia en salud, empleo y asesoramiento jurídico. Quedó en agenda la creación de una comisión independiente de investigación y un protocolo de acción ante accidentes y naufragios.
El jueves pasado, familiares de tripulantes buque Repunte se reunieron en las instalaciones del Consorcio Portuario con los ministros bonaerenses Javier Tizado, de Producción y Marcelo Villegas, de Trabajo. Allí se comunicó que las familias de las tres víctimas fatales y los siete desaparecidos del naufragio recibirán asistencia médica gratuita, se capacitará a hijos y esposas para ingresar en la Cooperativa El Amanecer o se los ayudará económicamente para realizar emprendimientos de servicios. Por otra parte, se les brindará asistencia legal sobre la liquidación de haberes, dado que los responsables de la empresa Ostramar tuvieron el descaro de realizar descuentos excesivos en la liquidación de sueldos post mortem. Durante esta extensa reunión, que insumió más de tres horas, los familiares volvieron a cargar las tintas sobre el rol que ha jugado el Consejo Federal Pesquero y especialmente las autoridades nacionales.
Con el objetivo de dar respuesta a las graves consecuencias económicas, de salud y anímicas que ha generado la tragedia del Repunte, el barco propiedad de Luis Caputo que naufragó el pasado 17 de junio dejando tres tripulantes fallecidos y siete desaparecidos, el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia Buenos Aires, tras el reclamo de los familiares, realizó un relevamiento socioambiental para otorgar la asistencia necesaria.
Una vez que se cumplan los seis meses del fallecimiento o desaparición de los tripulantes del buque Repunte, los familiares dejarán de recibir asistencia médica por cuenta de la empresa Ostramar, propietaria del buque. Esta situación mantenía en vilo a varias familias, que en algunos casos atraviesan tratamientos oncológicos que requieren de controles periódicos. Ante esta situación la Gobernación de Buenos Aires ha garantizado por un año, a partir del 1 de agosto, los servicios de IOMA para todos los familiares. A la vez, se aseguró la asistencia psicológica y psiquiátrica para todos los familiares a través del programa de asistencia a las víctimas de catástrofe.
Otro de los problemas que las familias deben afrontar, además de la pérdida de un ser querido, es la inminente debacle económica, dado que en todos los casos los tripulantes eran jefes de hogar. Para hacer frente a esta delicada situación, a través del Ministerio de Trabajo se asistirá a los hijos y esposas o concubinas de los tripulantes, encuadrándolos dentro de distintos programas; algunos comenzarán con capacitaciones de cuatro horas diarias, durante tres meses, para ser luego incorporados a la Cooperativa El Amanecer con posibilidades de quedar en planta permanente; otros recibirán asistencia para emprendimientos de servicios.
También se generó un contacto con la Gobernación de Chubut para replicar la asistencia a la familia Arias, de la ciudad de Puerto Madryn. En este caso es necesaria a la vez la asistencia económica, dado que la empresa no pagó los haberes del fallecido porque la familia se negó a firmar un documento en el que se los obligaba a desistir de cualquier reclamo posterior. En este sentido y para evitar mayores abusos de la empresa, el Ministerio de Trabajo brindará asesoramiento a todos los familiares para revisar las liquidaciones, dado que en varios casos se realizaron descuentos excesivos, como por ejemplo 17.000 pesos por gastos de comida.
Las hermanas del capitán desaparecido del Repunte, Gabriela y Romina Sánchez, volvieron a presentar ante las autoridades provinciales una serie de reclamos que escapan a lo coyuntural y apuntan a dar soluciones de fondo a la problemática de la seguridad en la navegación de los tripulantes, ocupando, sin buscarlo, el lugar de los dirigentes gremiales que brillan por su ausencia.
En ese contexto, presentaron copia de las actas del Consejo Federal Pesquero en las que se da vía libre a las justificaciones de inactividad sin la correcta verificación de las reparaciones que se aducen; incluso hicieron especial mención de aquellos barcos a los que, habiéndoseles otorgado una justificación por última vez en 2015, se las renovaron en total contravención.
Pidieron compromiso a los funcionarios para avanzar contra la corrupción de agentes de su propio gobierno, dado que la última justificación a los barcos de Ostramar, recae sobre los funcionarios de Cambiemos, especialmente sobre Juan Bosch, director de Pesca; el subsecretario de Pesca Tomás Gerpe como presidente del CFP; todos los miembros de ese organismo y el asesor letrado, Alejandro Toranzo, que es quien debe dictaminar la legalidad de los actos administrativos. También cuestionaron la designación de Oscar Fortunato como Representante del Ejecutivo en el Consejo Federal Pesquero.
Por su parte, los funcionarios provinciales se comprometieron a trabajar en lo inmediato sobre el Comité de Investigación Independiente que impulsa el ingeniero naval Fuster y la generación de un protocolo de aplicación en situación de naufragio y salvamento para asistencia a las víctimas y familiares. Evidentemente los funcionarios de la Provincia de Buenos Aires están mucho más a la altura de las circunstancias que las autoridades nacionales, especialmente las pesqueras, que se han desentendido del tema desde el primer momento.
FUENTE: REVISTAPUERTO.COM.AR