Desregulación del practicaje: el debate entre la reducción de costos y las garantías de seguridad marítima
La entrada en vigencia del Decreto 690 reflotó la tensión entre las intenciones oficiales de ganar competitividad logística y los reclamos del sector marítimo, que advierte sobre los riesgos operativos en el ingreso y navegación por los canales nacionales.
La entrada en vigor del Decreto 690/2026, impulsado por el Gobierno nacional para desregular el servicio de practicaje y pilotaje, abrió un profundo debate en la industria portuaria y la marina mercante. La norma busca abaratar la matriz de costos logísticos y eliminar trabas operativas, pero su implementación reactivó la discusión sobre un aspecto central para la actividad: las garantías de seguridad en las maniobras náuticas.
Desde la perspectiva del Ejecutivo y de sectores del comercio exterior, la medida apunta a transparentar un servicio clave, reducir las tarifas del flete y habilitar mecanismos para que los capitanes con experiencia acreditada en una zona puedan prescindir del práctico. El argumento central es que la incorporación de tecnología satelital y el conocimiento previo del canal justifican flexibilizar un régimen que, según afirman, encarecía innecesariamente la operatoria en las terminales.
El factor seguridad en el centro del debate
Sin embargo, desde las organizaciones profesionales y los gremios del sector sostienen que la baquía local y el conocimiento técnico del práctico no pueden ser reemplazados únicamente por declaraciones juradas o asistencia tecnológica. Advierten que las particularidades de los ríos y canales de acceso a los puertos argentinos exigen un margen de prevención extremo para evitar incidentes que impacten en la navegación o en la infraestructura.
Si bien la presencia de un práctico o baqueano no elimina al 100% el riesgo inherente a las maniobras de gran calado, en la industria coinciden en que reduce significativamente el margen de error ante contingencias climáticas o fallas técnicas a bordo.
Reclamo gremial e impacto operativo
A través de un comunicado difundido tras la oficialización de la medida, el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo expresó su rechazo al nuevo régimen. La entidad sindical advirtió sobre las consecuencias que la desregulación puede generar en la idoneidad profesional, la soberanía de las vías navegables y las condiciones de trabajo en el cabotaje nacional.
El choque de posturas ya generó las primeras consecuencias operativas en la logística marítima, con demoras en el despacho de buques y reordenamiento de escalas en los principales puntos de practicaje. El desafío para las próximas semanas será encontrar un punto de equilibrio que permita agilizar la competitividad del sector sin descuidar los estándares de seguridad marítima que la navegación requiere.