Permisos de Calamar: los números detrás de la polémica por el reparto de los 18 buques
El Consejo Federal Pesquero (CFP) aprobó el orden de mérito definitivo para la asignación de 18 nuevos proyectos para la flota potera. Aunque el procedimiento administrativo cumplió con la revisión técnica requerida, la votación por mayoría dejó al descubierto una marcada tensión territorial y un encendido debate sobre la equidad de las reglas de juego entre las distintas provincias marítimas.
De los 27 proyectos evaluados, siete fueron descartados por inadmisibilidad técnica o plazos, y 20 superaron los requisitos. Sin embargo, debido al cupo normativo de 18 licencias, tres firmas aprobadas (Cotecna, Fonseca y Sur Este Argen) quedaron fuera del reparto por estricto orden numérico.
La brecha de puntajes por puerto
El foco de la discusión no radicó en el cumplimiento individual de los requisitos de los postulantes, sino en el diseño del esquema de ponderación fijado por el CFP (Resoluciones 6/2026 y 8/2026).
Uno de los ítems determinantes del Anexo V fijó una escala de puntuación por provincia de desembarque que estableció partidas desiguales para la grilla de largada:
- Tierra del Fuego: 30 puntos
- Santa Cruz: 25 puntos
- Chubut: 20 puntos
- Río Negro: 15 puntos
- Buenos Aires: 10 puntos
Esta brecha implicó que los proyectos con proyección de descarga en Mar del Plata u otros puertos bonaerenses iniciaran la evaluación con una desventaja de entre 10 y 20 puntos respecto de las propuestas orientadas a los puertos patagónicos, lo que condicionó su posición final en la tabla de mérito.
La postura de la mayoría: incentivo al desarrollo austral
Desde la visión mayoritaria del Consejo Federal Pesquero (representantes de la Nación y las provincias del sur), la escala busca compensar asimetrías históricas de la actividad. El argumento principal reside en la necesidad de fomentar el desarrollo regional e incentivar la descarga en las terminales más distantes, donde las empresas asumen mayores costos logísticos, de fletes y operativos.
Bajo este criterio, la asignación de mayor puntaje a los puertos del sur opera como una herramienta de fomento federal para dinamizar las economías patagónicas y evitar la concentración del procesamiento exclusivamente en los grandes nodos portuarios del centro del país.
El reclamo bonaerense: desventaja competitiva
Por su parte, la representación de la Provincia de Buenos Aires fundamentó su voto en contra señalando que la brecha de puntaje territorial genera una discriminación indirecta hacia los proyectos locales. Según la postura bonaerense, este desbalance perjudica a las empresas que buscan operar o procesar en plantas de la región, restándole competitividad a Mar del Plata en la captura y procesamiento del recurso Illex argentinus.
Asimismo, remarcaron que, a pesar de los incentivos previstos en la normativa para favorecer la construcción en astilleros nacionales, las licencias asignadas no contemplan en lo inmediato incorporaciones producidas por la industria naval argentina.
Un resultado con fuerte impronta sureña
Como resultado de la combinación entre los antecedentes de las empresas, la infraestructura en tierra y la escala geográfica, el mapa final de los 18 buques aprobados dejó la siguiente distribución:
- Chubut: 11 buques
- Santa Cruz: 6 buques
- Buenos Aires: 1 buque
El debate sobre la estructura de costos logísticos, qué tan superior es el costo operativo en el sur en comparación con el litoral bonaerense y si esa diferencia justifica la escala de incentivos, sigue siendo materia de discusión técnica entre las cámaras armadoras y las autoridades del sector. Por lo pronto, las nuevas licencias marcan el rumbo que tendrá la pesquería de calamar para los próximos años.